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El género de la violencia

Contra la violencia de género - Imagen Pública
Contra la violencia de género – Imagen Pública

por Justo Bueno

Introducción

Después de cuatro décadas de desplazamientos nominales y ampliación del campo semántico, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género institucionaliza el concepto de “violencia de género” para denominar la violencia ejercida por varones sobre las mujeres en el seno de las parejas. Sus dos componentes son importantes, ya que partir de la denominación de “violencia”, implica asumir la existencia de conductas relacionales que rebasan el nivel de lo “aceptable”. Por otra parte, calificar a esta violencia como “de género” supone admitir su carácter estructural.

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El origen de estas conductas relacionales, que rebasan el nivel de lo “aceptable”, reside en la posición de subordinación del género femenino respecto al masculino. Ahora bien, este umbral varía en el tiempo y en el espacio. Género lo definiría como dominación masculina, discriminación y violencia contra las mujeres, “Violencia de Género”.

Los factores de riesgo, tanto individuales (biológicos, psicológicos) como grupales, manifiestos en la propia víctima, los maltratadores o su entorno familiar y cultural, de suerte que cualquiera o varios de ellos, y no uno determinado, puede provocar, al manifestarse con determinada intensidad, la aparición de violencia sin que tengan que estar presentes todos .

No existe una ocasional proclividad de personas a ser victimizadas, ni una ocasional dureza intrínseca que permita a alguna víctima no deformarse con la violencia sufrida, ni una pro- claridad endógena, fatal e innata del perpetrador para causar diario.

Contra la violencia de género - Imagen Pública
Contra la violencia de género – Imagen Pública

Las causas de la violencia pueden afectar en uno u otro sentido o momento a cualquier persona; por tanto, los roles de víctima y perpetrador  son intercambiables y dinámicos: e1 maltratador, ahora «acusado», en su momento fue víctima y lo siente nuevamente, o lo es simultáneamente. Las victimas también pueden constituirse, a su vez, en transmisores de violencia (Barsky e/ at., 1994; Famularo e/ at., 1994), siempre nociva para el desarrollo y la calidad de vida.

Por todo ello, «etiquetar»  estáticamente a los protagonistas del drama violento como «buenos» o «malos», «culpables» o no, puede ser útil para tomar decisiones represivas cuando no quede otra alternativa o para un momentáneo engaño moral, pero no para interpretaciones e intervenciones científicas. Tampoco puede reivindicarse de forma absoluta solo a tales o cuales victimas a partir dos enfoques parciales o selectivos de la violencia.

Desde pequeños, nos hurtaron la ternura de los cuidados y el aprendizaje de la empatía. Al contrario, nos empujaron a ocupar el patio del colegio, a demostrar permanentemente nuestra hombría ante nuestros pares, a pelear cuando alguien se atrevía a ponerla en duda. Y, sobre todo, nos aconsejaron huir de lo femenino, no mostrarnos como lo hacían ellas. La clave estaba en que para ser hombres debíamos aprender a no ser mujeres. Ello suponía, obviamente, la humillación y el desprecio de aquellos que no respondían a las expectativas de género y que se comportaban no como hombres sino como “nenazas”.

Contra la violencia de género - Imagen Pública
Contra la violencia de género – Imagen Pública

Nos socializaron para cumplir un determinado papel en la sociedad, que era interdependiente del ocupado tradicionalmente por las mujeres. El reparto era perfecto, aunque el equilibrio inexistente: nosotros en lo público, ellas en lo privado. Un reparto que empieza a romperse cuando, por la fuerza de la democracia y el tesón del movimiento feminista, las mujeres dan el salto a la ciudadanía y entonces el contrato se desmorona.

Es el momento, pues, de que los hombres nos posicionemos de manera militante y pública. Convencidos de que no podemos ser demócratas sin ser feministas y de que las desigualdades de género, cuya más terrorífica consecuencia es la violencia sobre las mujeres, afectan al corazón mismo de nuestro sistema de libertades. No se trata de que nos consideremos los culpables de todos los males, ni tampoco de que nos fustiguemos de manera improductiva. Se trata de que nos convirtamos en sujetos protagonistas, de la mano de las que llevan siglos luchando por hacer que las democracias sean dignas de tal nombre, y de que empecemos por revisar el púlpito desde el que solemos mirar el mundo.

Sólo así pondremos las bases, entre todos y todas, para que las cifras de mujeres muertas empiecen a descender y para que nuestros hijos y nuestras hijas sean capaces de construir relaciones afectivas y sexuales desde la autonomía y el respeto. De no asumir este compromiso, la lucha por la igualdad seguirá amarrada por la superficialidad de los discursos y la violencia sobre las mujeres, que ahora parece correr el riesgo de abandonar la primera página y pasar de nuevo a la de sucesos, continuará siendo el más político de los terrorismos ya que es el que cuestiona la autonomía y dignidad de la mitad de la ciudadanía.

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22M: La dignidad se ha puesto en marcha

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

Sería inconcebible no compartir estos momentos cuando sufrimos la peste del paro masivo, del cierre de las empresas y los despidos a destajo, la precariedad generalizada, de la pobreza, del hambre, de la desigualdad extrema, de los brutales recortes sociales y laborales, los desahucios, de las reformas laborales inquisitorias que han liquidado el derecho a la dignidad del trabo convirtiéndonos en esclavos y esclavas a los trabajadores y trabajadoras, en mendigos al resto del pueblo que se ve incapaz de conseguir un trabajo.

La rabia, el hartazgo, la indignación, pero, también, la solidaridad, el apoyo mutuo, la dignidad y la lucha por su futuro son el combustible de las Marchas de la Dignidad, que desde finales de febrero y principios de marzo recorren todo el Estado y que hoy sábado han inundado Madrid. Ante el saqueo de nuestros derechos y la supeditación política a los designios de la “santísima” Troika, las Marchas exigen empleo y vivienda digna, que se paren los recortes y no se pague una deuda ilegítima. Sobran motivos para caminar y acompañar a las marchas de la dignidad.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

El Estado español posee mas tres millones de personas “viviendo” o mal viviendo con menos de 307 euros al mes, el doble que en 2007, justo antes del inicio de la crisis, según datos del último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas. La pobreza se convierte en severa y crónica: dos millones de mujeres y hombres llevan más de dos años en paro y 3,5 más de uno. Según la organización, del total de personas que atienden, una de cada tres pide ayuda desde hace más de tres años. Cifras que desgarran el alma de cualquier persona con un mínimo de dignidad la cual no poseen ninguno de nuestros políticos.

Los datos contradicen las alabanzas de los diferentes gobiernos de derechas. Entre los años 2007 y 2013, cada semana 13 mil personas perdieron su trabajo en el Estado español, según datos de la OCDE, la mayor tasa de destrucción de empleo en toda Europa. Un triste récord que se suma al de la caída de ingresos en los hogares, 2.600 euros menos por persona, entre 2008 y 2012, una de las más fuertes del continente.

La pobreza implantada desde los mercados financieros arrasa con nuestras vidas y nuestro futuro, no tiene nada de natural. Los números así lo indican. El empobrecimiento no es patrimonio de un país o unos pueblos, sino, según la sagrada doctrina del capital, de una determinada clase social. En el Estado español, el 10% más pobre ha visto disminuir sus ingresos, entre 2007 y 2010, un 14% anual, la media de empobrecimiento de este sector en Europa se sitúa en un 2% al año; mientras, los ingresos del 10% más rico aumentaron un 1%, según la OCDE. Haciendo cuentas, el Estado español se ha convertido en el país donde la brecha entre pobres y ricos es mayor, a la cabeza de las desigualdades en Europa, tras Letonia.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

Ante tanta injusticia, las calles hoy están “en llamas” de libertad y lucha. Sin embargo los políticos acomodados, inoculan el miedo y la mentira, el escepticismo, la apatía. No podemos permitir que el número de suicidios de la pobreza se quieran silenciar a veces sí y otras también,a pesar de que aumenta considerablemente. En 2012, las muertes por lesiones creció un 11,3% respecto al año anterior, superando la cifra más elevada de muertes por suicidio de 2004, y siendo la primera causa externa de mortalidad, según el Instituto Nacional de Estadística. De aquí, que la recuperación de la dignidad, el “sí se puede”, por eso las luchas son los imprescindibles, las de las Marchas de la Dignidad, y tantos otros, todas tan importantes. 

Los marchantes han inundado Madrid provenientes de todas las partes de España y miles de Europa también, no olvidemos a aquellos jóvenes que el mercado ha expulsado y que hoy no nos pueden acompañar aunque sus corazones laten junto a los nuestros, también a esas miles de familias que no tienen para comer a diario, y que no tienen fuerzas para sumarse a las marchas, son el mejor ejemplo de que ante tanta barbarie no queda otra que arrimar el hombro con el de al lado y luchar.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

Las calles de Madrid han quedado grabadas contra el paro, la precariedad, emanan empleo digno, derechos e igualdad salarial entre hombres y mujeres, selladas de demandas de renta básica y prestaciones por desempleo dignas para los que no tienen nada. Firmadas contra los recortes sociales y el derecho a la vivienda y a los servicios básicos. Estampadas con palabras contra las privatización de los servicios públicos y el anhelo de su vuelta sector público. Versadas contra la corrupción y el derecho a la justicia independiente, y firmadas contra el pago de la deuda ilegítima y a favor de una auditoria ciudadana (cada día pagamos 105 mill de € para los interese de la deuda).

La apuesta del poder por la desigualdad social

Economía - Imagen pública
Economía – Imagen pública

por Justo Bueno

Es evidente el amplio rechazo ciudadano y masivas resistencias populares frente a la situación de desigualdad social, reforzada por la crisis económica y la política dominante de austeridad. Sus consecuencias más directas son el paro insostenible, la reducción del poder adquisitivo de los salarios medios y bajos, además de un acentuado recorte de los servicios públicos como sanidad, enseñanza, protección social y las prestaciones legítimas de pensiones y desempleo.

La deslegitimación de los poderes públicos, por su gestión anti-progresiva, culpando y exigiendo responsabilidades a los no causantes de la crisis económica, plantea un cambio de rumbo, más antisocial y menos democrático. Así, es crucial el desarrollo de la pugna cultural por la legitimidad de la actuación de los distintos agentes respecto de la desigualdad social.

La clase política, muy lejos de la social y académica, acentúa la desigualdad, sus consecuencias y sus causas, que están produciendo en la ciudadanía una desconfianza sobre algunos agentes sociales y políticos alejados de los interesados en su reducción; para ello es necesario aplicar medidas apropiadas para revertirla y construir un modelo económico, una sociedad social más igualitaria, con sistema político e institucional más democrático y menos corrupto. Que luche contra esta gestión antisocial, autoritaria, que reconoce parcialmente la realidad de la desigualdad social y el malestar ciudadano, intentando eludir sus responsabilidades y desviar el camino, socialmente más adecuado, para revertirla.

Dada la gran legitimidad ciudadana para tener un gobierno que se preocupe de la reducción del paro y la creación de empleo decente, así como el gran pacto de los derechos socio-laborales, la protección social y el Estado de bienestar, pero el Gobierno (y sectores afines) intenta anclar su política neoliberal haciéndola pasar como medio necesario e inevitable para esos objetivos. Sus medidas de destrucción de empleo, las reformas laborales inquisitorias o la reducción de la protección al desempleo sin motivos que lo justifiquen, dicen que son mecanismos para ‘crear empleo’, como único fin generar división entre la gente empleada y parada. Un gobierno ilegitimo de recortes sociales en protección social, pensiones, educación o sanidad y el proceso de deterioro de los servicios públicos no nos presenta como un medio para la ‘sostenibilidad’ del Estado de bienestar.

Desempleo - Imagen pública
Desempleo – Imagen pública

Un gobierno cuyas ideas de que el empleo (de mañana o de otra década ) se crea con el mayor desempleo de hoy, o que el Estado de bienestar se asegura desmantelándolo, no son aceptables para la mayoría ciudadana, a pesar de la gran ofensiva mediática que se hace desde los medios de comunicación. Esa disociación discursiva y ética de pretender justificar unas medidas regresivas como medios (negativos) para unos fines (positivos) de bienestar no termina de cuajar en la mayoría de la población, que manifiesta su desacuerdo con su carácter injusto y antisocial.

Los portavoces progubernamentales son capaces de imponer la idea de que son sacrificios parciales y provisionales, en aras de un futuro mejor o para el interés general. Es más realista la idea que sigue compartiendo la ciudadanía indignada de que esas políticas regresivas son más coherentes con sus auténticos fines: por un lado, la reapropiación de riquezas y poder por las oligarquías económicas y políticas, y, por otro lado, la ampliación la desigualdad de la mayoría de la población, con una posición más precaria, subordinada e injusta.

Igualmente, las principales instituciones internacionales, como la OCDE (Que vaya tela con el nombre), aun reconociendo elementos extremos de la desigualdad, pretenden neutralizar las opciones para su transformación, eludir las responsabilidades del mundo empresarial e institucional y situar su (pretendida) solución en los sobre esfuerzos individuales de la población: la ‘empleabilidad’, echando la responsabilidad del desempleo masivo en la inadaptación profesional de trabajadores y trabajadoras; o bien, a la opción de más esfuerzo educativo de los jóvenes, cuando existe una generación muy cualificada académicamente sin poder encontrar empleo decente y se redobla la desigualdad de oportunidades ante los auténticos problemas educativos.

Manifestacion Democracia Real Ya - Imagen pública
Manifestación Democracia Real Ya – Imagen pública

Grandes instituciones y Gobiernos Europeos insisten en la continuidad de la austeridad, con sus efectos desigualitarios y de empobrecimiento, particularmente en el Sur, a la vez que intentan sortear los procesos de deslegitimación popular. El mayor riesgo para los poderosos es la aparición de dinámicas de resistencia popular y democrática que cuestionen la estabilidad de su hegemonía política e institucional. Es cuando el poder establecido redobla su ofensiva política, autoritaria y mediática, frente a la reafirmación de la legitimidad ciudadana y la capacidad movilizadora y representativa de los movimientos sociales progresistas o agentes sociopolíticos que, al amparo de una amplia cultura cívica, cuestionan sus estrategias y su gestión liberal-conservadora.

Se establece una lucha cultural y sociopolítica, soterrada o abierta, con gran desigualdad de poder y de futuro incierto, entre la ciudadanía activa, con fuerte apoyo popular, la oligarquía de los poderosos, mientras permanecen confusos, pasivos o temerosos, sectores significativos de la sociedad. El proceso de deslegitimación de la desigualdad social, en España y a nivel europeo y mundial, ya ha comenzado. El pueblo informado y bien dirigido será capaz de restablecer la paz social y económica.

Finiquitan el derecho de la mujer para decidir sobre su embarazo

Borra el aborto (Cartel anti-aborto) - Imagen pública
Borra el aborto (Cartel anti-aborto) – Imagen pública

por Justo Bueno

El ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, ha confirmado en rueda de prensa, que el Consejo de Ministros ha sancionado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer. El próximo paso será remitirlo a las Cortes Generales para su aprobación.

Esta reforma, según ha afirmado Gallardón, se ha hecho de acuerdo a los “criterios que inspiran el discurso del Partido Popular” respecto al aborto y sobre la base de lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 sobre este mismo asunto. De esta manera, dos años después de haber ganado las elecciones, cumplen por primera vez uno de los puntos que contenía el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales.

La nueva norma, según el ministro de Justicia, recupera el equilibrio entre la protección del bien jurídico del derecho a la vida del nasciturus (concebido y no nacido) y el derecho a la salud y a la dignidad de la madre con lo que considera que “resuelve una enorme inquietud de la sociedad en general y de los médicos en particular”. Una reforma que, tal y como ha afirmado, ha sido elaborada tras un “amplio período de reflexión“ y con la colaboración de los expertos “que han querido acercarse a nosotros o a los que hemos querido acercarnos“.

La insistencia del ministro Gallardón en afirmar que esta norma se adecua a lo emitido por el Tribunal Constitucional en una sentencia respecto al aborto de 1985 se contradice con lo que los movimientos feministas aseveran. Ya a finales de septiembre de este año, durante la semana de movilizaciones que se organizó para protestar contra la propuesta de reforma de Gallardón, la doctora en Derecho Marta del Pozo afirmó categóricamente que el ministro de Justicia pretendía “legislar en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional ya que “no recoge que el nasciturus tenga el derecho fundamental a la vida”.

Alberto Ruiz Gallardón - Imagen pública
Alberto Ruiz Gallardón – Imagen pública

Modificaciones de la nueva ley

La primera novedad -que el ministro de Justicia ha calificado como un “auténtico avance histórico”- , es que esta Ley Orgánica se ha articulado sobre la base de la idea de que “la mujer es siempre una víctima”, por lo que en ningún caso se establecerá ningún “reproche penal cuando aborte fuera de los supuestos que establece esta norma. Sin embargo, este “avance” se ve eclipsado por la prohibición de que sea la mujer la que decida de manera unilateral si quiere seguir o no adelante con el embarazo ya que “sería radicalmente contrario a lo que establece la doctrina del Tribunal Constitucional”, ha asegurado Gallardón.

En la práctica, esto significa que se eliminará el sistema de plazos que rige la norma aún en vigor y se sustituirá por un sistema de supuestos. La ley de plazos implica que el Estado considera a la mujer como un sujeto adulto capaz de autorregularse para decidir. Al haber dos bienes jurídicos en conflicto de igual rango (la vida futura y la libre decisión de la madre), el sistema de plazos apela al criterio de la ponderación. Es decir, pone ambos derechos en una balanza y determina cuál tiene más peso.

En la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la protección del bien jurídico de la vida futura va en consonancia con el proceso biológico del embrión. En las primeras semanas de gestación se le da prioridad a la madre y, a medida que va avanzando el embarazo, va ganando terreno el feto, hasta que llega un momento en el que es el único bien jurídico protegido.

Alberto Ruiz Gallardón - Imagen pública
Alberto Ruiz Gallardón – Imagen pública

Se elimina el supuesto de malformación del feto

Por el contrario, en la reforma de Gallardón, que establece una ley de supuestos, esta concepción cambia. Ahora será el Estado quien decidirá cuándo darle permiso a una mujer para interrumpir su embarazo. Una modificación de la que, para Gallardón, toda la sociedad debería sentirse orgullosa.

Respecto a los supuestos que contemplará esta nueva norma, serán sólo dos. En primer lugar, que la mujer se haya quedado embarazada fruto de una violación. En segundo lugar, que el embarazo suponga un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer. El supuesto de interrupción de la gestación por malformación del feto se elimina, excepto si dicha anomalía pone en peligro la salud de la mujer.

Aunque, para que puedan validarse dichos supuestos, se imponen condiciones restrictivas que serán las que avalen este riesgo: que este grave peligro menoscabe “no de manera irreversible pero sí importante y duradera“ la salud de la embarazada y que este peligro esté acreditado por dos médicos especialistas al margen del que realizará el aborto y que no trabajen en el centro donde se tiene previsto que se lleve a cabo.

Para los supuestos de peligro psíquico que tengan su origen en una malformación del feto incompatible con la vida, también serán necesarios dos médicos que lo acrediten. Uno que pruebe que, en efecto, la mujer corre peligro y otro que acredite que la anomalía que presenta el feto está asociada con la muerte.

En todos estos casos, ningún aborto podrá realizarse después de las 22 semanas de gestación, a excepción de si la enfermedad del feto no se ha podido detectar con anterioridad o si surgieran complicaciones que pusieran en peligro la salud de la mujer pasado este plazo. Para el resto de los casos, se procederá a un parto inducido, ya que, según ha aseverado Alberto Ruiz Gallardón, la Organización Mundial de la Salud considera que a partir de los cinco meses y medio de embarazo “el feto es susceptible de desarrollarse independientemente de la madre”.

Las últimas dos novedades que integra esta norma son, por un lado, la prohibición de que las menores de 16 años, así como aquellas que tengan entre 16 y 18 años, decidan que se les practique un aborto sin permiso de los padres y tutores. Deberán, obligatoriamente, estar acompañadas por aquellos que ostenten la patria potestad de las menores. Además, Gallardón ha anunciado que se prohibirá la publicidad de productos o servicios “para difundir la práctica del aborto” ya que, según su criterio, aunque no sea ilegal, la información respecto a la interrupción del embarazo “en ningún caso puede convertirse en un producto de consumo”.