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Wert pone en la mira a la universidad pública como su objetivo a destruir

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

Tras implantarse la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la comunidad educativa, José Ignacio Wert ha anunciado una próxima reforma universitaria, y aunque aún no está definida ni su forma ni su alcance parece claro que irá en dirección opuesta a la ahora seguida. El ministro pretende dar un golpe de estado dentro de las universidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales de funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la consecución de la justicia social, y creación y difusión del pensamiento y la ciencia.

José Ignacio Wert tiene un plan para los universitarios españoles: que se endeuden para hacer frente al pago de sus estudios. La última ocurrencia del ministro de Educación es una copia del modelo estadounidense que ha llevado a la ruina a miles de familias al ser incapaces de asumir el pago de la deuda contraída con los bancos. Los últimos datos revelan que el 27% de los universitarios de E.U. que pidieron un préstamo no podrán pagarlo.

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

Los dirigentes universitarios, que están dispuestos a aceptar «una racionalización de las estructuras de gobierno y una adecuación de las titulaciones universitarias a las demandas de la sociedad», rechazan de pleno el “modelo ejecutivo e intervencionista”. El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.

Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos”, constituida por el Ministerio, cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como al acoso económico que se mantiene sobre los estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.

Universidad pública - Imagen pública
Universidad pública – Imagen pública

→Modelo de Universidad Pública

Un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, la formación de científicas y científicos capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción del modelo socio-económico equitativo; un modelo educativo centrado en la enseñanza gratuita, con becas para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; un modelo transversal de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas; unas universidades con un gobierno propio efectivo, estructurado de procesos democráticos basado en la participación y la transparencia , que permita el permanente contacto de la comunidad universitaria junto con el con el conjunto de la sociedad, desde los colectivos socio-económicos, para que la función social de la institución sea una realidad.

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La no independencia de la Fiscalía en España y sus efectos

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha emitido un informe en el que alerta sobre los crecientes casos de corrupción en España y la “politización de la Justicia”. El informe, que analiza la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, pide ampliar la independencia efectiva del CGPJ, incluir criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado.

En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la”percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante” y pide esfuerzos para que la Fiscalía General del Estado “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asimismo, pide a España que reconsidere su método de elección, algo “particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento”. Pide “reconsiderar” los sistemas de designación de fiscales.

Los países que integran el Consejo de Europa muestran su preocupación por las posibles injerencias del poder político en causas concretas en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento y “están erosionando la credibilidad de sus instituciones”.

Además, denuncia concretas sobre la falta de independencia de la Justicia y plantea recomendaciones, también específicas, entre las que destaca que se desarrolle un marco regulatorio que garantice su independencia del Gobierno y su autonomía económica.

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

øFiscal General del Estado

El Consejo de Europa considera que la experiencia “profesional no política” debiera ser imprescindible para nombrar al Fiscal General; que sus mandatos debieran superar los cuatro años para no coincidir con los del Gobierno, con el fin de evitar connivencias de intereses entre quien lo nombra y quien desempeña el papel de acusador popular; y que el presupuesto de la Fiscalía General del Estado deje de depender del Ministerio de Justicia, para que que pueda aumentar su autonomía y decidir independientemente qué recursos destina a los casos que crea prioritarios, sin control político.

Los países que analizan la corrupción aseguran que han preguntado al ministro de Justicia por los canales que le permiten que pida explicaciones al Fiscal General del Estado sobre causas concretas. El Grupo denuncia que puede haber intervencionismo pese a que Justicia asegura que sólo hablan de “cuestiones generales” y que Torres-Dulce “puede negarse” a facilitar información a Gallardón en los casos que estime.

Sobre la Ley de Transparencia que entró en vigor hace un mes, el GRECO añade que, “salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”. Pero constata que España:

“ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”, lo que”atenta gravemente contra la credibilidad de las instituciones españolas”

Las mismas denuncias se aplican a otros cuerpos fiscales cuya dependencia jerárquica debiera ser aclarada para evitar lo que se describen como posibles “conflictos de intereses”. Igualmente, GRECO denuncia la falta de un procedimiento de sanciones claro y público para los fiscales que incurren en irregularidades o que pueden alterar un procedimiento.

Al respecto, el Consejo de Europa pide una revisión imparcial e independiente del actual sistema.

øFiscales que presionan a Jueces

Un claro ejemplo de la no independencia de la Fiscalía en España es la presión al Juez Castro por parte del fiscal de Palma, Pedro Horrach. El tufillo de la sumisión de los fiscales a intereses del gobierno, emana de Audiencia Provincial de Palma –donde nadie había reclamado ese informe y se publicita antes de que lo reciban los abogados. El olor empieza a ser más intenso a leer el escrito del fiscal, que llega antes de que Hacienda remita su informe de conclusiones finales requerido por el magistrado; el Fiscal ya tiene conclusiones pese a no disponer de toda la información, legando con 48 horas de antelación a una declaración clave: uno de los notarios de Aizoon en Valencia.

El objetivo del informe es claro: presionar al Juez Castro para que no dicte la imputación de la hija del Rey y a los testigos en un momento clave, interpretan fuentes de la acusación, y puede que veamos una querella contra el juez Instructor antes de que la infanta declare.

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

øOtros jueces víctimas de la Fiscalía

La Fiscalía ha presentado una querella contra el juez Elpidio José Silva por dos delitos contra la libertad individual al haber ordenado el ingreso en prisión del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por prevaricación y por un continuado “retardo malicioso” en el proceso. El CGPJ suspende durante cuatro meses a Elpidio Silva, juez del Caso Blesa, gracias a esta maniobra Miguel Blesa sale de la cárcel.

Una vez terminada su sanción, el Juez Silva en declaraciones en un canal de televisión afirma que “el poder judicial en España está secuestrado” añadiendo “el fiscal del ‘caso Blesa’ debe ser objeto de investigación”.

Otra víctima de la Fiscalía es el Juez Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial, afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).