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22M: La dignidad se ha puesto en marcha

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

Sería inconcebible no compartir estos momentos cuando sufrimos la peste del paro masivo, del cierre de las empresas y los despidos a destajo, la precariedad generalizada, de la pobreza, del hambre, de la desigualdad extrema, de los brutales recortes sociales y laborales, los desahucios, de las reformas laborales inquisitorias que han liquidado el derecho a la dignidad del trabo convirtiéndonos en esclavos y esclavas a los trabajadores y trabajadoras, en mendigos al resto del pueblo que se ve incapaz de conseguir un trabajo.

La rabia, el hartazgo, la indignación, pero, también, la solidaridad, el apoyo mutuo, la dignidad y la lucha por su futuro son el combustible de las Marchas de la Dignidad, que desde finales de febrero y principios de marzo recorren todo el Estado y que hoy sábado han inundado Madrid. Ante el saqueo de nuestros derechos y la supeditación política a los designios de la “santísima” Troika, las Marchas exigen empleo y vivienda digna, que se paren los recortes y no se pague una deuda ilegítima. Sobran motivos para caminar y acompañar a las marchas de la dignidad.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

El Estado español posee mas tres millones de personas “viviendo” o mal viviendo con menos de 307 euros al mes, el doble que en 2007, justo antes del inicio de la crisis, según datos del último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas. La pobreza se convierte en severa y crónica: dos millones de mujeres y hombres llevan más de dos años en paro y 3,5 más de uno. Según la organización, del total de personas que atienden, una de cada tres pide ayuda desde hace más de tres años. Cifras que desgarran el alma de cualquier persona con un mínimo de dignidad la cual no poseen ninguno de nuestros políticos.

Los datos contradicen las alabanzas de los diferentes gobiernos de derechas. Entre los años 2007 y 2013, cada semana 13 mil personas perdieron su trabajo en el Estado español, según datos de la OCDE, la mayor tasa de destrucción de empleo en toda Europa. Un triste récord que se suma al de la caída de ingresos en los hogares, 2.600 euros menos por persona, entre 2008 y 2012, una de las más fuertes del continente.

La pobreza implantada desde los mercados financieros arrasa con nuestras vidas y nuestro futuro, no tiene nada de natural. Los números así lo indican. El empobrecimiento no es patrimonio de un país o unos pueblos, sino, según la sagrada doctrina del capital, de una determinada clase social. En el Estado español, el 10% más pobre ha visto disminuir sus ingresos, entre 2007 y 2010, un 14% anual, la media de empobrecimiento de este sector en Europa se sitúa en un 2% al año; mientras, los ingresos del 10% más rico aumentaron un 1%, según la OCDE. Haciendo cuentas, el Estado español se ha convertido en el país donde la brecha entre pobres y ricos es mayor, a la cabeza de las desigualdades en Europa, tras Letonia.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

Ante tanta injusticia, las calles hoy están “en llamas” de libertad y lucha. Sin embargo los políticos acomodados, inoculan el miedo y la mentira, el escepticismo, la apatía. No podemos permitir que el número de suicidios de la pobreza se quieran silenciar a veces sí y otras también,a pesar de que aumenta considerablemente. En 2012, las muertes por lesiones creció un 11,3% respecto al año anterior, superando la cifra más elevada de muertes por suicidio de 2004, y siendo la primera causa externa de mortalidad, según el Instituto Nacional de Estadística. De aquí, que la recuperación de la dignidad, el “sí se puede”, por eso las luchas son los imprescindibles, las de las Marchas de la Dignidad, y tantos otros, todas tan importantes. 

Los marchantes han inundado Madrid provenientes de todas las partes de España y miles de Europa también, no olvidemos a aquellos jóvenes que el mercado ha expulsado y que hoy no nos pueden acompañar aunque sus corazones laten junto a los nuestros, también a esas miles de familias que no tienen para comer a diario, y que no tienen fuerzas para sumarse a las marchas, son el mejor ejemplo de que ante tanta barbarie no queda otra que arrimar el hombro con el de al lado y luchar.

Marchas de la dignidad - Imagen pública
Marchas de la dignidad – Imagen pública

Las calles de Madrid han quedado grabadas contra el paro, la precariedad, emanan empleo digno, derechos e igualdad salarial entre hombres y mujeres, selladas de demandas de renta básica y prestaciones por desempleo dignas para los que no tienen nada. Firmadas contra los recortes sociales y el derecho a la vivienda y a los servicios básicos. Estampadas con palabras contra las privatización de los servicios públicos y el anhelo de su vuelta sector público. Versadas contra la corrupción y el derecho a la justicia independiente, y firmadas contra el pago de la deuda ilegítima y a favor de una auditoria ciudadana (cada día pagamos 105 mill de € para los interese de la deuda).

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Wert pone en la mira a la universidad pública como su objetivo a destruir

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

Tras implantarse la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la comunidad educativa, José Ignacio Wert ha anunciado una próxima reforma universitaria, y aunque aún no está definida ni su forma ni su alcance parece claro que irá en dirección opuesta a la ahora seguida. El ministro pretende dar un golpe de estado dentro de las universidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales de funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la consecución de la justicia social, y creación y difusión del pensamiento y la ciencia.

José Ignacio Wert tiene un plan para los universitarios españoles: que se endeuden para hacer frente al pago de sus estudios. La última ocurrencia del ministro de Educación es una copia del modelo estadounidense que ha llevado a la ruina a miles de familias al ser incapaces de asumir el pago de la deuda contraída con los bancos. Los últimos datos revelan que el 27% de los universitarios de E.U. que pidieron un préstamo no podrán pagarlo.

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

Los dirigentes universitarios, que están dispuestos a aceptar «una racionalización de las estructuras de gobierno y una adecuación de las titulaciones universitarias a las demandas de la sociedad», rechazan de pleno el “modelo ejecutivo e intervencionista”. El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.

Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos”, constituida por el Ministerio, cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como al acoso económico que se mantiene sobre los estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.

Universidad pública - Imagen pública
Universidad pública – Imagen pública

→Modelo de Universidad Pública

Un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, la formación de científicas y científicos capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción del modelo socio-económico equitativo; un modelo educativo centrado en la enseñanza gratuita, con becas para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; un modelo transversal de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas; unas universidades con un gobierno propio efectivo, estructurado de procesos democráticos basado en la participación y la transparencia , que permita el permanente contacto de la comunidad universitaria junto con el con el conjunto de la sociedad, desde los colectivos socio-económicos, para que la función social de la institución sea una realidad.

La no independencia de la Fiscalía en España y sus efectos

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha emitido un informe en el que alerta sobre los crecientes casos de corrupción en España y la “politización de la Justicia”. El informe, que analiza la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, pide ampliar la independencia efectiva del CGPJ, incluir criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado.

En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la”percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante” y pide esfuerzos para que la Fiscalía General del Estado “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asimismo, pide a España que reconsidere su método de elección, algo “particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento”. Pide “reconsiderar” los sistemas de designación de fiscales.

Los países que integran el Consejo de Europa muestran su preocupación por las posibles injerencias del poder político en causas concretas en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento y “están erosionando la credibilidad de sus instituciones”.

Además, denuncia concretas sobre la falta de independencia de la Justicia y plantea recomendaciones, también específicas, entre las que destaca que se desarrolle un marco regulatorio que garantice su independencia del Gobierno y su autonomía económica.

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

øFiscal General del Estado

El Consejo de Europa considera que la experiencia “profesional no política” debiera ser imprescindible para nombrar al Fiscal General; que sus mandatos debieran superar los cuatro años para no coincidir con los del Gobierno, con el fin de evitar connivencias de intereses entre quien lo nombra y quien desempeña el papel de acusador popular; y que el presupuesto de la Fiscalía General del Estado deje de depender del Ministerio de Justicia, para que que pueda aumentar su autonomía y decidir independientemente qué recursos destina a los casos que crea prioritarios, sin control político.

Los países que analizan la corrupción aseguran que han preguntado al ministro de Justicia por los canales que le permiten que pida explicaciones al Fiscal General del Estado sobre causas concretas. El Grupo denuncia que puede haber intervencionismo pese a que Justicia asegura que sólo hablan de “cuestiones generales” y que Torres-Dulce “puede negarse” a facilitar información a Gallardón en los casos que estime.

Sobre la Ley de Transparencia que entró en vigor hace un mes, el GRECO añade que, “salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”. Pero constata que España:

“ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”, lo que”atenta gravemente contra la credibilidad de las instituciones españolas”

Las mismas denuncias se aplican a otros cuerpos fiscales cuya dependencia jerárquica debiera ser aclarada para evitar lo que se describen como posibles “conflictos de intereses”. Igualmente, GRECO denuncia la falta de un procedimiento de sanciones claro y público para los fiscales que incurren en irregularidades o que pueden alterar un procedimiento.

Al respecto, el Consejo de Europa pide una revisión imparcial e independiente del actual sistema.

øFiscales que presionan a Jueces

Un claro ejemplo de la no independencia de la Fiscalía en España es la presión al Juez Castro por parte del fiscal de Palma, Pedro Horrach. El tufillo de la sumisión de los fiscales a intereses del gobierno, emana de Audiencia Provincial de Palma –donde nadie había reclamado ese informe y se publicita antes de que lo reciban los abogados. El olor empieza a ser más intenso a leer el escrito del fiscal, que llega antes de que Hacienda remita su informe de conclusiones finales requerido por el magistrado; el Fiscal ya tiene conclusiones pese a no disponer de toda la información, legando con 48 horas de antelación a una declaración clave: uno de los notarios de Aizoon en Valencia.

El objetivo del informe es claro: presionar al Juez Castro para que no dicte la imputación de la hija del Rey y a los testigos en un momento clave, interpretan fuentes de la acusación, y puede que veamos una querella contra el juez Instructor antes de que la infanta declare.

Reunión del GRECO - Imagen pública
Reunión del GRECO – Imagen pública

øOtros jueces víctimas de la Fiscalía

La Fiscalía ha presentado una querella contra el juez Elpidio José Silva por dos delitos contra la libertad individual al haber ordenado el ingreso en prisión del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por prevaricación y por un continuado “retardo malicioso” en el proceso. El CGPJ suspende durante cuatro meses a Elpidio Silva, juez del Caso Blesa, gracias a esta maniobra Miguel Blesa sale de la cárcel.

Una vez terminada su sanción, el Juez Silva en declaraciones en un canal de televisión afirma que “el poder judicial en España está secuestrado” añadiendo “el fiscal del ‘caso Blesa’ debe ser objeto de investigación”.

Otra víctima de la Fiscalía es el Juez Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial, afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

La apuesta del poder por la desigualdad social

Economía - Imagen pública
Economía – Imagen pública

por Justo Bueno

Es evidente el amplio rechazo ciudadano y masivas resistencias populares frente a la situación de desigualdad social, reforzada por la crisis económica y la política dominante de austeridad. Sus consecuencias más directas son el paro insostenible, la reducción del poder adquisitivo de los salarios medios y bajos, además de un acentuado recorte de los servicios públicos como sanidad, enseñanza, protección social y las prestaciones legítimas de pensiones y desempleo.

La deslegitimación de los poderes públicos, por su gestión anti-progresiva, culpando y exigiendo responsabilidades a los no causantes de la crisis económica, plantea un cambio de rumbo, más antisocial y menos democrático. Así, es crucial el desarrollo de la pugna cultural por la legitimidad de la actuación de los distintos agentes respecto de la desigualdad social.

La clase política, muy lejos de la social y académica, acentúa la desigualdad, sus consecuencias y sus causas, que están produciendo en la ciudadanía una desconfianza sobre algunos agentes sociales y políticos alejados de los interesados en su reducción; para ello es necesario aplicar medidas apropiadas para revertirla y construir un modelo económico, una sociedad social más igualitaria, con sistema político e institucional más democrático y menos corrupto. Que luche contra esta gestión antisocial, autoritaria, que reconoce parcialmente la realidad de la desigualdad social y el malestar ciudadano, intentando eludir sus responsabilidades y desviar el camino, socialmente más adecuado, para revertirla.

Dada la gran legitimidad ciudadana para tener un gobierno que se preocupe de la reducción del paro y la creación de empleo decente, así como el gran pacto de los derechos socio-laborales, la protección social y el Estado de bienestar, pero el Gobierno (y sectores afines) intenta anclar su política neoliberal haciéndola pasar como medio necesario e inevitable para esos objetivos. Sus medidas de destrucción de empleo, las reformas laborales inquisitorias o la reducción de la protección al desempleo sin motivos que lo justifiquen, dicen que son mecanismos para ‘crear empleo’, como único fin generar división entre la gente empleada y parada. Un gobierno ilegitimo de recortes sociales en protección social, pensiones, educación o sanidad y el proceso de deterioro de los servicios públicos no nos presenta como un medio para la ‘sostenibilidad’ del Estado de bienestar.

Desempleo - Imagen pública
Desempleo – Imagen pública

Un gobierno cuyas ideas de que el empleo (de mañana o de otra década ) se crea con el mayor desempleo de hoy, o que el Estado de bienestar se asegura desmantelándolo, no son aceptables para la mayoría ciudadana, a pesar de la gran ofensiva mediática que se hace desde los medios de comunicación. Esa disociación discursiva y ética de pretender justificar unas medidas regresivas como medios (negativos) para unos fines (positivos) de bienestar no termina de cuajar en la mayoría de la población, que manifiesta su desacuerdo con su carácter injusto y antisocial.

Los portavoces progubernamentales son capaces de imponer la idea de que son sacrificios parciales y provisionales, en aras de un futuro mejor o para el interés general. Es más realista la idea que sigue compartiendo la ciudadanía indignada de que esas políticas regresivas son más coherentes con sus auténticos fines: por un lado, la reapropiación de riquezas y poder por las oligarquías económicas y políticas, y, por otro lado, la ampliación la desigualdad de la mayoría de la población, con una posición más precaria, subordinada e injusta.

Igualmente, las principales instituciones internacionales, como la OCDE (Que vaya tela con el nombre), aun reconociendo elementos extremos de la desigualdad, pretenden neutralizar las opciones para su transformación, eludir las responsabilidades del mundo empresarial e institucional y situar su (pretendida) solución en los sobre esfuerzos individuales de la población: la ‘empleabilidad’, echando la responsabilidad del desempleo masivo en la inadaptación profesional de trabajadores y trabajadoras; o bien, a la opción de más esfuerzo educativo de los jóvenes, cuando existe una generación muy cualificada académicamente sin poder encontrar empleo decente y se redobla la desigualdad de oportunidades ante los auténticos problemas educativos.

Manifestacion Democracia Real Ya - Imagen pública
Manifestación Democracia Real Ya – Imagen pública

Grandes instituciones y Gobiernos Europeos insisten en la continuidad de la austeridad, con sus efectos desigualitarios y de empobrecimiento, particularmente en el Sur, a la vez que intentan sortear los procesos de deslegitimación popular. El mayor riesgo para los poderosos es la aparición de dinámicas de resistencia popular y democrática que cuestionen la estabilidad de su hegemonía política e institucional. Es cuando el poder establecido redobla su ofensiva política, autoritaria y mediática, frente a la reafirmación de la legitimidad ciudadana y la capacidad movilizadora y representativa de los movimientos sociales progresistas o agentes sociopolíticos que, al amparo de una amplia cultura cívica, cuestionan sus estrategias y su gestión liberal-conservadora.

Se establece una lucha cultural y sociopolítica, soterrada o abierta, con gran desigualdad de poder y de futuro incierto, entre la ciudadanía activa, con fuerte apoyo popular, la oligarquía de los poderosos, mientras permanecen confusos, pasivos o temerosos, sectores significativos de la sociedad. El proceso de deslegitimación de la desigualdad social, en España y a nivel europeo y mundial, ya ha comenzado. El pueblo informado y bien dirigido será capaz de restablecer la paz social y económica.