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Cómo votaría en el referéndum griego

Manifestación por referéndum - Imagen pública
Manifestación por referéndum – Imagen pública

por Joseph Stiglitz

(publicado en The Guardian el 29 de junio de 2015)*

El creciente aumento de disputas y acritudes dentro de Europa pueden parecerle a los extraños el inevitable resultado del amargo juego final entre Grecia y sus acreedores. De hecho, los líderes europeos finalmente están comenzando a revelar la verdadera naturaleza de la disputa actual de la deuda, y la respuesta no es nada agradable: tiene mucho más que ver con poder y democracia que con dinero y economía.

Por supuesto, las políticas financieras que yacen tras el programa que “la troika” (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) endilgó a Grecia hace cinco años han sido espantosas, resultando en un declive del 25% del PIB. No puedo pensar en ninguna crisis que haya sido tan deliberada y tenido consecuencias tan catastróficas; por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en Grecia es ahora de más del 60%.

Es alarmante que la troika haya rechazado aceptar responsabilidad por nada de esto o admitir qué tan malos han sido sus pronósticos y modelos. Pero lo que es aún más sorprendente, es que los líderes de Europa ni siquiera han aprendido. La troika aún demanda que Grecia alcance un superávit primario de su presupuesto (excluyendo el pago de intereses) de 3.5% de su PIB para 2018.

Economistas de todo el mundo han declarado ese objetivo como punitivo, porque aspirar a ello resultará de manera inevitable en una recesión aún más profunda. Por supuesto, incluso si la deuda griega se reestructura más allá de lo imaginable, el país permanecerá en crisis si los votantes se encomiendan al objetivo de la troika en el referéndum a llevarse a cabo este fin de semana.

En términos de transformar un gran déficit primario en un superávit, pocos países han logrado algo como lo que los griegos han conseguido en los últimos cinco años. Y, aunque el costo en términos de sufrimiento humano ha sido extremadamente alto, las recientes propuestas del gobierno heleno recorrieron un largo camino para satisfacer las demandas de sus acreedores.

Debemos ser claros: En realidad, casi nada de la gran cantidad de dinero prestada a Grecia ha parado ahí. Ha servido para pagarle a acreedores del sector privado, incluyendo bancos alemanes y franceses. Grecia no ha obtenido más que una miseria, pero ha pagado un precio alto para preservar los sistemas bancarios de estos países. El FMI y los otros acreedores “oficiales” no necesitan el dinero que demandan. Bajo un esquema usual de negocio, lo más probable es que el dinero recibido sólo serviría para prestárselo otra vez a Grecia.

Pero, otra vez, no es acerca del dinero. Es acerca de utilizar “vencimientos” para forzar a Grecia a doblegarse, y a aceptar lo inaceptable –no solamente medidas de austeridad, sino otras políticas punitivas y regresivas.

Alexis Tsipras - Imagen pública
Alexis Tsipras – Imagen pública

Pero, ¿por qué Europa haría esto? ¿Por qué los líderes de la Unión Europea están en contra del referéndum e incluso se niegan a extender por sólo unos días el vencimiento del 30 de junio para el siguiente pago de Grecia al FMI? ¿No se supone que todo en Europa es acerca de la democracia?

En enero, los ciudadanos griegos votaron por un gobierno comprometido con poner fin a la austeridad. Si el gobierno estuviese limitándose simplemente a cumplir con sus promesas de campaña, ya habría rechazado la propuesta. Pero quiso darle a los griegos la oportunidad de involucrarse en esta cuestión, tan crítica para el bienestar futuro de su país.

Esa preocupación por la legitimidad popular es incompatible con la política de la eurozona, la cual nunca fue un proyecto muy democrático. La mayoría de los gobiernos de sus miembros no buscaron el beneplácito de su pueblo para abdicar su soberanía monetaria en favor del BCE. Cuando el de Suecia lo hizo, los suecos dijeron no. Comprendieron que el desempleo se elevaría si la política monetaria del país fuese establecida por un banco central que se enfocase únicamente en la inflación (y que tampoco habría atención suficiente a la estabilidad financiera). La economía sufriría, porque el modelo económico que subyace a la eurozona está basado en relaciones de poder y trabajadores en desventaja.

Y de manera bastante certera, lo que estamos viendo ahora, 16 años después de que la eurozona institucionalizó esas relaciones, es la antítesis de la democracia: muchos líderes europeos quieren ver el fin del gobierno de izquierda del primer ministro Alexis Tsipras. Después de todo, es extremadamente inconveniente tener en Grecia a un gobierno que está tan opuesto al tipo de políticas que han hecho tanto por el incremento de la desigualdad en muchos países avanzados, y que está tan comprometido con obstruir el desenfrenado poder de la riqueza. Parecen creer que pueden, eventualmente, derrocar al gobierno griego amedrentándolo para que acepte un acuerdo que contraviene su mandato.

Referéndum en Grecia - Imagen pública
Referéndum en Grecia – Imagen pública

Es difícil aconsejar a los griegos sobre cómo votar el 5 de julio. Ninguna alternativa –aceptación o rechazo de los términos de la troika– será fácil, y ambas conllevan grandes riesgos. Votar “sí” significaría prácticamente crisis sin fin. Quizás un país mermado –uno que ha vendido todos sus activos y cuya brillante población juvenil ha emigrado– podría finalmente obtener el perdón de su deuda; quizás, habiéndose encogido en una economía de ingreso medio, Grecia podría finalmente obtener ayuda del Banco Mundial. Todo esto podría pasar en la siguiente década, o quizás en la década después de ésta.

En contraste, votar “no” supondría al menos la posibilidad de que Grecia, con su sólida tradición democrática, podría aferrarse a su destino con sus propias manos. Los griegos podrían ganar la oportunidad de moldear un futuro que, aunque quizás no tan próspero como el pasado, sea mucho más esperanzador que la excesiva tortura del presente.

Yo sé cómo votaría.

Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel en economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia.

Link al artículo original en inglés.

*Traducción de Alejandro Vázquez

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Wert pone en la mira a la universidad pública como su objetivo a destruir

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

por Justo Bueno Ingelmo

Tras implantarse la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la comunidad educativa, José Ignacio Wert ha anunciado una próxima reforma universitaria, y aunque aún no está definida ni su forma ni su alcance parece claro que irá en dirección opuesta a la ahora seguida. El ministro pretende dar un golpe de estado dentro de las universidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales de funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la consecución de la justicia social, y creación y difusión del pensamiento y la ciencia.

José Ignacio Wert tiene un plan para los universitarios españoles: que se endeuden para hacer frente al pago de sus estudios. La última ocurrencia del ministro de Educación es una copia del modelo estadounidense que ha llevado a la ruina a miles de familias al ser incapaces de asumir el pago de la deuda contraída con los bancos. Los últimos datos revelan que el 27% de los universitarios de E.U. que pidieron un préstamo no podrán pagarlo.

José Ignacio Wert - Imagen pública
José Ignacio Wert – Imagen pública

Los dirigentes universitarios, que están dispuestos a aceptar «una racionalización de las estructuras de gobierno y una adecuación de las titulaciones universitarias a las demandas de la sociedad», rechazan de pleno el “modelo ejecutivo e intervencionista”. El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.

Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos”, constituida por el Ministerio, cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como al acoso económico que se mantiene sobre los estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.

Universidad pública - Imagen pública
Universidad pública – Imagen pública

→Modelo de Universidad Pública

Un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, la formación de científicas y científicos capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción del modelo socio-económico equitativo; un modelo educativo centrado en la enseñanza gratuita, con becas para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; un modelo transversal de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas; unas universidades con un gobierno propio efectivo, estructurado de procesos democráticos basado en la participación y la transparencia , que permita el permanente contacto de la comunidad universitaria junto con el con el conjunto de la sociedad, desde los colectivos socio-económicos, para que la función social de la institución sea una realidad.